Propuestas para una sociedad más participativa, justa e inclusiva

1. Igualdad y no discriminación

Potenciar medidas que favorezcan la igualdad real entre las personas y desarrollar medidas que eviten la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones: étnica, de origen, de género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

 

2. Empleo

En la medida en que el empleo es uno los pilares más importantes para la inclusión, exigimos, definir en coordinación con los agentes, entidades sociales y sector empresarial que intervienen en este campo programas de Formación y Empleo dirigidos a grupos vulnerables e instrumentos específicos de políticas activas de empleo, acorde con las necesidades reales del mercado laboral y la situación actual.

 

3. Sanidad

Seguir garantizando en Andalucía los niveles actuales de cobertura sanitaria universal y gratuita para todas las personas residentes en nuestra comunidad; y corregir las desigualdades que hacen que determinados grupos de población tengan una menor atención sanitaria, menos esperanza de vida, mayor morbilidad y en consecuencia menor calidad de vida.

 

4. Vivienda

Hacer efectiva la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, aumentando el porcentaje mínimo de vivienda pública construida y dotándola de los recursos necesarios. Adoptar medidas urgentes para ayudar a las familias amenazadas por la ejecución de sus hipotecas, así como instaurar por ley la dación en pago.

 

5. Dependencia

Reforzar el sistema de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia y su financiación, como uno de los pilares del estado de bienestar, garantizando que la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos puedan seguir desplegándola de acuerdo con los plazos y los objetivos previstos. Revisar el sistema de baremación para corregir las carencias y las disfunciones que han ido aflorando en el proceso de despliegue de la ley.

 

6. Inclusión social

Aprobación de una ley de inclusión social en Andalucía que ayude a consolidar el estado de bienestar, contando con los recursos y medios adecuados, una mejor coordinación con los gobiernos locales y desarrollando un modelo de intervención integral comunitaria que comprenda no solo a la ciudadanía andaluza sino a todos aquellos residentes en el territorio, con independencia de la situación administrativa en la que se encuentren. Esta ley debería reconocer, el derecho subjetivo a una renta mínima, como apoyo para personas y familias, con objeto de garantizarles los medios necesarios para la subsistencia en los procesos de integración social y/o laboral.

 

7. Educación

Asegurar la escolarización efectiva de toda persona en edad obligatoria y crear las condiciones para mejorar sustancialmente los resultados educativos a todos los niveles. La escolarización efectiva supone prevenir el abandono prematuro de las aulas, el absentismo, abordar con alternativas el fracaso escolar y evitar las prácticas de segregación en centros-gueto de los grupos desfavorecidos. La mejora sustancial de los resultados educativos comprende: programas de apoyo, refuerzo educativo y programas de becas y ayudas dirigidos a grupos vulnerables.

 

8. Voluntariado, cooperación y recursos

Promocionar la acción voluntaria organizada entre la ciudadanía y garantizar la atención social de los colectivos a través de las personas voluntarias y el personal contratado de las organizaciones del Tercer Sector, tanto en Andalucía como en los países en desarrollo a través de la cooperación, estableciendo un sistema de financiación transparente, justo, suficiente y coherente que dé lugar a un marco de intervención de calidad, generador de igualdad de oportunidades.

 

9. Economía social y solidaria

Apuesta por la economía social y solidaria en la contratación pública: cláusulas sociales y ambientales. En la adjudicación de la gestión y ejecución de servicios, obras y políticas públicas, Cáritas propone dar prioridad a empresas de economía social y solidaria, en especial cooperativas y pymes, de acuerdo a criterios de eficiencia, transparencia, calidad, democracia interna, y responsabilidad ambiental y social.

 

 

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